Muertos de calor (El País)

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Publicado en el diario El País el 7 de septiembre, 2003.

“No tenemos interés en aplicar el protocolo de Kioto”. Con esa frase lapidaria, Christine Todd Withman, la entonces directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU, anunciaba el 27 de marzo de 2001 que su país se retiraba del compromiso internacional sobre el cambio climático firmado en la ciudad japonesa en 1997. El país responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero había roto la baraja y se había retirado de la mesa de negociaciones. La administración republicana había iniciado una contrarreforma ambiental en todos los frentes. Poco importaba que ese mismo año, 2001, la comunidad científica internacional representada por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) hubiese emitido su tercer informe en el que, además de confirmar la responsabilidad humana directa en el calentamiento de la atmósfera, empeoraba las previsiones al estimar un incremento de la temperatura media global entre 1,4 y 5,8 grados entre 1990 y 2100.

El Protocolo de Kioto era un modesto, si bien muy importante, paso en la dirección señalada por el  IPCC. Este organismo oficial, formado conjuntamente por las Naciones Unidas y la Organización Climatológica Mundial, había demandado a la comunidad internacional una reducción del 60-70 por cien de las emisiones a lo largo del siglo XXI como forma de estabilizar la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. El compromiso de Kioto obligaba a las naciones más industrializadas a disminuir un “modesto” 5,2 por cien entre 1990 y 2008-2012. Incluso ese primer paso molestaba a una administración republicana trufada de políticos vinculados a los sectores de la industria energética y petrolera estadounidense contrarios al mencionado compromiso. Ante la huida hacia adelante de la administración Bush, el resto de la comunidad internacional decidió aguantar el tipo y continuar con el Protocolo. La Unión Europea, presionada por la opinión pública de sus sociedades, entendió que debía renovar su compromiso y vocación de liderazgo internacional ante este grave problema ambiental. Así, la Unión y sus Estados miembros ratificaron el Protocolo el 31 de mayo de 2002. En estos momentos, son ya 100 los países que han ratificado el acuerdo en todo el mundo, si bien para su entrada formal en vigor necesita todavía la ratificación por parte de Rusia[1].

Un reciente informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente señala que, si bien las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea han disminuido un 2,3 por cien entre 1990 y 2001, las proyecciones apuntan hacia el no cumplimiento de los objetivos del Protocolo por parte de la Unión Europea. Estima dicho informe que, en ausencia de nuevas políticas y medidas, la disminución de las emisiones será del 4,5 por cien en vez del 8% que le corresponde según el acuerdo de Kioto. En ese escenario, España es el país que peor cumple sus compromisos.

En plena ola de calor azotando a Europa, el presidente del IPCC, el indio Rajendra Pachauri, afirmaba que ”el calor insoportable en Europa se debe probablemente a la acción del hombre, al cambio climático. Se trata de una fuerte sospecha, sin que exista total certidumbre científica”. Lo que no sabía Pachauri en el momento de efectuar sus declaraciones era que la citada ola iba a acabar provocando un drama humano, como si de una auténtica tsunami climática se tratara. Semanas después de sus declaraciones, las funerarias francesas han calculado en 11.435 los muertos en Francia a consecuencia del agravamiento de su salud como consecuencia de la ola de calor. Cuando dentro de unos meses se conozcan los datos contrastados y definitivos sobre el número de muertos en Europa este verano como consecuencia del golpe de calor, es muy probable que el número de defunciones supere las 20.000 personas[2].

Puedes leer el artículo completo aquí


[1] El Protocolo de Kioto no se convertirá en un instrumento de derecho internacional hasta que sea ratificado por 55 países que representen el 55% de las emisiones de 1990 de los países industriales y de los pertenecientes al antiguo bloque oriental.

[2] Efectivamente así ha ocurrido. Según informes posteriores de la Organización Mundial de la Salud el número de personas fallecidas en Europa como consecuencia de la ola de calor de 2003 superó las 45.000.

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